Las autoridades francesas han registrado las oficinas de la red social X en París en el marco de una investigación penal a gran escala sobre el uso del modelo de IA generativa Grok. En el centro del caso se encuentra la presunta creación y difusión de contenido ilegal, que va desde deepfakes sexuales hasta mensajes que podrían constituir negacionismo del Holocausto, un delito en la legislación francesa. El caso ilustra cómo los gobiernos empiezan a tratar la IA generativa no solo como innovación, sino como un potencial vector de cibercriminalidad.
Origen de la investigación sobre X y el modelo de IA Grok
Según la fiscalía de París, la investigación se abrió en enero de 2025 tras denuncias de usuarios y organizaciones de derechos humanos que alertaban de que Grok sería capaz de generar contenido manifiestamente ilegal. Entre los ejemplos señalados se incluyen imágenes sexualmente explícitas creadas sin consentimiento de las personas afectadas, así como respuestas que podrían encajar en figuras penales como apología o negación de crímenes contra la humanidad.
Los registros en la sede de X fueron realizados por el cibercomando de la Gendarmería Nacional francesa con apoyo de Europol. La participación de organismos europeos resalta el carácter transfronterizo del caso: aunque el contenido se genera y distribuye globalmente, la responsabilidad de moderación y cumplimiento normativo recae en la plataforma que opera en cada jurisdicción.
Posibles delitos informáticos vinculados a X y Grok
El ciberdepartamento de la Gendarmería investiga simultáneamente siete posibles tipos de delitos que podrían haberse cometido a través de X o con su cooperación. Entre ellos destacan:
- Complicidad en almacenamiento y difusión de material de abuso sexual infantil (CSAM), uno de los focos prioritarios de las unidades de cibercrimen en todo el mundo.
- Creación y distribución de deepfakes sexuales, es decir, imágenes íntimas generadas con rostros reales sin el consentimiento de las víctimas, un fenómeno en fuerte expansión según múltiples informes europeos.
- Negacionismo del Holocausto, tipificado como delito en Francia, especialmente relevante en entornos digitales con alcance masivo e impacto potencial en discurso de odio.
- «Extracción fraudulenta de datos» (data scraping ilícito), relacionada con la recopilación agresiva de datos de usuarios al margen de las normas de la plataforma o de la legislación de protección de datos.
- Interferencia en sistemas de información, que abarca accesos no autorizados, manipulación de servicios o alteración de su funcionamiento normal.
- Operación de una plataforma online ilegal en contexto de actividad delictiva organizada, lo que podría implicar tolerancia sistemática o soporte estructural a actividades ilícitas.
Desde la óptica de la ciberseguridad, este abanico de posibles delitos apunta a una auditoría integral de la plataforma: desde la arquitectura de moderación de contenidos y los controles de seguridad, hasta la transparencia de los algoritmos de IA y los procesos de tratamiento de datos.
Citación de Elon Musk, papel de la dirección de X y reacción pública
La fiscalía de París ha citado a declarar a Elon Musk y a la directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, con interrogatorios previstos para el 20 de abril. Otros empleados de la compañía serán escuchados como testigos entre el 20 y el 24 de abril. Las autoridades insisten en que se trata de entrevistas voluntarias, orientadas a que la alta dirección explique su posición y detalle las medidas actuales y futuras para garantizar el cumplimiento de la legislación francesa.
Desde el perfil oficial de Global Government Affairs en X, la compañía ha calificado parte de la investigación —en particular lo relativo a manipulación de algoritmos y extracción fraudulenta de datos— como un procedimiento penal con motivación política. Este tipo de tensión entre plataformas globales y reguladores nacionales es recurrente y suele situarse en la intersección entre libertad de expresión, intereses comerciales y deberes de prevención del cibercrimen.
DSA, protección de datos y presión regulatoria internacional sobre la IA generativa
De forma paralela a la investigación penal francesa, la Comisión Europea abrió en enero de 2026 su propia investigación sobre el cumplimiento del Reglamento de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA) por parte de X. El objetivo es determinar si la plataforma realizó una evaluación de riesgos adecuada antes del despliegue de Grok, especialmente ante el uso masivo de IA generativa para producir contenido sexual y potencialmente ilegal.
La presión regulatoria no se limita a la Unión Europea. El regulador británico Ofcom y la Fiscalía General de California, encabezada por Rob Bonta, analizan casos de creación de material obsceno con Grok sin consentimiento de las personas implicadas. A su vez, la Information Commissioner’s Office (ICO)cumplimiento de la normativa de protección de datos, incluyendo los principios de minimización, licitud del tratamiento y garantías de los derechos de los interesados.
DSA, RGPD y cumplimiento normativo estricto para plataformas de IA
El DSA impone a las grandes plataformas obligaciones reforzadas de gestión de riesgos sistémicos vinculados al contenido ilegal, la manipulación informativa y el impacto en los derechos fundamentales. Esto incluye transparencia algorítmica, sistemas eficaces de denuncia, moderación de contenidos y acceso a datos para supervisores independientes. En combinación con la normativa de protección de datos (como el RGPD en la UE), se configura un entorno en el que ignorar los riesgos de la IA generativa deja de ser un problema reputacional y pasa a ser un riesgo legal y financiero directo.
Implicaciones para la ciberseguridad y el diseño de sistemas de IA generativa
El caso X–Grok ilustra con claridad que una IA generativa sin barreras de seguridad (guardrails) puede transformarse rápidamente de herramienta innovadora en vector de riesgo jurídico y de ciberseguridad. Deepfakes sexuales, discurso de odio y revisionismo histórico no son solo dilemas éticos: en muchas jurisdicciones constituyen delitos perseguibles, con responsabilidad potencial para proveedores y plataformas.
Para las plataformas online y desarrolladores de IA, el mensaje es inequívoco: se hace imprescindible rediseñar la arquitectura de seguridad incorporando múltiples capas de defensa. Esto incluye filtros avanzados de contenido, sistemas de detección de CSAM, equipos de moderación especializados, auditorías periódicas de modelos, monitorización de patrones anómalos en las peticiones y un registro robusto de actividades que permita investigar abusos sin vulnerar la privacidad.
Las organizaciones que integran servicios de IA de terceros deben evaluar no solo la funcionalidad del modelo, sino también su grado de madurez en seguridad y cumplimiento normativo: opciones de configuración segura, políticas de conservación de datos, mecanismos de respuesta a incidentes y garantías contractuales frente a usos indebidos. Por su parte, los usuarios finales deberían adoptar una actitud crítica ante deepfakes y contenidos impactantes, verificar fuentes y comprender que la redistribución de material ilegal generado por algoritmos puede acarrear responsabilidades penales.
El avance de estas investigaciones en Francia, la UE, el Reino Unido y Estados Unidos está definiendo un nuevo estándar de responsabilidad para las plataformas de IA generativa. Es el momento para que empresas tecnológicas, administraciones públicas y organizaciones usuarias adopten un enfoque de «seguridad y cumplimiento por diseño» (security & compliance by design), reforzando sus políticas de ciberseguridad, su gobernanza de datos y sus procesos de evaluación de riesgos de IA. Invertir hoy en controles técnicos, formación y marcos de gobernanza sólidos reducirá significativamente la probabilidad de enfrentar mañana registros, sanciones millonarias o procedimientos penales, y contribuirá a un ecosistema digital más seguro y confiable.
